La vicepresidenta lamenta que los municipios más pequeños van a tener que devolver más del 90% de una ayuda que ascendía a 291.000 euros y que este hecho puede comprometer sus presupuestos
La vicepresidenta de la Diputación de Castellón y diputada de Bienestar Social, Patricia Puerta, ha denunciado que “la mala gestión del Partido Popula” comprometerá este 2020 los presupuestos municipales de muchos pueblos pequeños que tendrán que devolver 265.000 euros de las ayudas del taxi rural de 2018 por la falta de planificación de la anterior diputada Elena Vicente-Ruiz”.
Según ha informado Puerta, el anterior área de Acción Social ideó este servicio de transporte para usos médicos -destinado para municipios de menos de 5.000 habitantes- “con prisas y mal, ya que anunciaron y abonaron el 100% de la ayuda en octubre, a poco menos de dos meses para acabar el año”.
El resultado “es que la mayoría de municipios no han podido emplear la práctica totalidad de la ayuda y ahora la tendrán que devolver, cuando muchas localidades no lo contemplan en sus cuentas para 2020”. En este sentido, la vicepresidenta ha criticado que “era y es totalmente imposible que se pudiera ejecutar toda la subvención en tan poco de tiempo”.
De hecho, se trata de una ayuda presupuestada en 291.000 euros y los ayuntamientos tendrán que devolver a la Diputación cerca 265.000 euros, el 90% de lo presupuestado. “Está claro que el PP gobernaba pensando en que venían las elecciones y ahora pagarán las consecuencias de su mala gestión las arcas de los pueblos más pequeños y sus vecinos y vecinas”, ha lamentado.
De los 115 ayuntamientos que se acogieron a la línea de ayudas, la práctica totalidad de ellos tendrán que reintegrar los fondos a la Diputación, incluso hay casos del 100% de la subvención recibida. Les Alqueries es un ejemplo de los municipis afectados, ya que tendrá que devolver la cantidad de 16.300 euros.
COLAPSO BUROCRÁTICO
Este denuncia se suma a otros ejemplos de “mala gestión” del anterior equipo de gobierno popular, que tal y como denunció la vicepresidenta el pasado mes de diciembre “ha sumido el área de Bienestar Social en un auténtico colapso, puesto que arrastramos un retraso de hasta tres años en la justificación, fiscalización y pago de convenios y subvenciones”.
Puerta considera que “después de haber realizado una gestión tan deficiente, los responsables del Partido Popular tendrían que abstenerse de hacer demagogia barata y alarmar a la sociedad con mentiras sobre nuestra gestión porque ha quedado acreditado que no son los más adecuados para dar lecciones sobre convenios y ayudas”.
