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La Diputación y la Generalitat trabajan para adaptar la nueva normativa de las unidades de respiro al plan de servicios sociales

La Diputación y la Generalitat trabajan para adaptar la nueva normativa de las unidades de respiro al plan de servicios sociales
20 de Febrero de 2020

La vicepresidenta, Patricia Puerta, ve «necesario» trabajar conjuntamente para mejorar los servicios públicos

La Diputación de Castellón y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas han emprendido una serie de encuentros político-técnicos para trabajar en la adaptación de la futura normativa de las unidades de respiro al nuevo plan de servicios sociales que se implantará en 2021. Así pues, la vicepresidenta y diputada de Bienestar Social, Patricia Puerta, ha estado en València para tratar este tema y estrechar vínculos con la Generalitat «después de años viviendo de espaldas en detrimento de la calidad de los servicios». En este sentido, Puerta ve «necesaria» esta unión para mejorar los servicios públicos sociales. «Es muy importante que regulemos las unidades de respiro porque hablemos que este servicio público es único en la Comunitat Valenciana, puesto que ninguna otra diputación ofrece un servicio igual. No hay ningún precedente y tenemos que trabajar para encajarlo en el nuevo sistema y estamos contentos por la buena predisposición que hay en la Generalitat».

Este ‘tour’ la ha llevado a hablar con la directora general de Gestión y Organización del Sistema, Patricia Ramón, la directora general de Atención Primaria y Autonomía Personal, Mercé Martínez, y el director general del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales, Enrique Ferrer, así como con personal técnico de ambas casas, con los cuales ha incidido en la necesidad de coordinar las fórmulas de justificación del mantenimiento de los equipos base y las prestaciones sociales. Y es que hay que apuntar que desde este año la Diputación asume este gasto en los municipios de menos de 6.000 habitantes -el año que viene se ampliará a las localidades de más de 10.000-, mientras que la Generalitat lo hace del resto.