La Diputación de Castellón aprobará en el próximo Pleno de septiembre una declaración institucional para exigir al Gobierno que asuma el coste de la puesta en marcha las desaladoras en la provincia para que no repercuta en el aumento del recibo a los vecinos de los cinco municipios afectados. Así lo han acordado todos los grupos políticos con representación en la Corporación Provincial en el desarrollo de la sesión plenaria ordinaria de agosto a instancias de una moción presentada por el Grupo Popular que así lo ponía de manifiesto y que se ha retirado con tal de acordar un texto conjunto de todos los grupos para el próximo Pleno.
4 de septiembre de 2018. La Diputación de Castellón aprobará en el próximo Pleno de septiembre una declaración institucional para exigir al Gobierno que asuma el coste de la puesta en marcha las desaladoras en la provincia para que no repercuta en el aumento del recibo a los vecinos de los cinco municipios afectados. Así lo han acordado todos los grupos políticos con representación en la Corporación Provincial en el desarrollo de la sesión plenaria ordinaria de agosto a instancias de una moción presentada por el Grupo Popular que así lo ponía de manifiesto y que se ha retirado con tal de acordar un texto conjunto de todos los grupos para el próximo Pleno.
El portavoz del Gobierno Provincial, Vicent Sales, ha asegurado que “ponemos este tema sobre la mesa porque para los vecinos de estos municipios sería letal si los ayuntamientos tuvieran que asumir ese coste, pues repercutiría en un recibo del agua hasta cinco veces más caro que el de cualquier otro vecino de la provincia, y eso no lo podemos permitir”.
Y es que hay que tener en cuenta que la Unión Europea obliga a que a partir del mes de marzo se pongan en marcha las instalaciones de la desaladora de Oropesa-Cabanes ya que financió la mayor parte de este proyecto impulsado en 2008 por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y que tuvo un coste total de 74 millones de euros. Sería la primera que entraría en funcionamiento y le seguiría la de Moncofa-Xilxes.
Tal y como han avanzado los distintos portavoces de los grupos, en la próxima declaración institucional que aprobará la Diputación se incluirá además la petición de modificar los convenios de colaboración de los distintos ayuntamientos que están afectados por la puesta en marcha de las dos desaladoras con la empresa pública Acuamed (Oropesa del Mar, Benicàssim, Cabanes, Moncofa y Xilxes) para que no se perjudique a los vecinos en el coste del abastecimiento de agua, pues tal y como ha indicado Sales, “estos convenios se firmaron dentro de las previsiones ficticias de un escenario de desarrollo futuro y crecimiento urbanístico que no se materializó, cuestión que no fue tenida en cuenta y por tanto no prevé el convenio”. Y es que en los convenios actuales se obliga a los ayuntamientos y a sus vecinos a asumir el coste de amortización de la obra de las desaladoras, que debería abonarse a lo largo de los próximos 25 años. Hay que tener en cuenta que el coste del funcionamiento iría aparte, lo que incrementaría aún más el coste de la factura.
Más policía local en los municipios
La unanimidad ha protagonizado además otro de los puntos del Pleno de la Diputación, con el respaldo de todos los grupos a la moción del Grupo Popular tras la enmienda transaccional del Grupo Socialista para pedir al Consell de la Generalitat que inicie de forma inmediata las iniciativas legales necesarias que permitan a las entidades locales contar con los efectivos policiales suficientes y a su vez articular todos los mecanismos de control para acabar con la inestabilidad laboral no justificada con el objetivo de velar y garantizar la seguridad ciudadana en los municipios de la Comunitat Valenciana a partir del 1 de enero de 2019. El texto además insta al Consell en segundo lugar a generar espacios de participación en el ámbito de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias donde los actores implicados busquen los consensos necesarios en en entorno de las políticas de seguridad locales.
Otros temas de interés provincial Cabe señalar además que el Pleno ha aprobado la modificación del Reglamento de Uso de la marca de productos autóctonos Castelló Ruta de Sabor para incluir además a los agentes turísticos como parte de la apuesta del Gobierno Provincial por impulsar el turismo gastronómico para generar nuevas oportunidades en el territorio. También ha sacado adelante las cuentas de la gestión recaudatoria correspondiente a 2017, referente a los ayuntamientos y entidades que han delegado la recaudación de sus tributos en la Diputación. Por último, otro punto de interés ha sido la aprobación por unanimidad del acuerdo inicial para la cesión en propiedad al Ayuntamiento de Morella del edificio Colomer-Zurita tras haber invertido en su mejora más de un millón de euros.
